La situación legal de la prostitución en España permanece en un limbo jurídico que gobiernos de diversas orientaciones políticas afirman querer abordar, pero sin que se produzcan cambios sustanciales. Este estancamiento deja a cientos de miles de mujeres en una posición vulnerable frente a las redes de trata de personas, mientras que aquellas que buscan trabajar de forma independiente continúan careciendo de protección tanto social como judicial.